Como se temía torturaron a Mikel Soto y Ainara Gorostiaga. Al levantarse la incomunicación su abogado vió las marcas y oyó su denuncia. Negaron al juez las acusaciones
es el título que la RED VASCA ROJA da a la información y al editorial publicados por GARA el 6 de marzo de 2002.

Soto y Gorostiaga presentan marcas tras la incomunicación

* El joven tiene un ojo morado y ha denunciado golpes y electrodos

A media tarde de ayer pudieron por fin comunicarse con sus familiares y con su abogada los jóvenes Ainara Gorostiaga y Mikel Soto, detenidos el domingo 24 de febrero en Castellón y encarcelados posteriormente en régimen de incomunicación hasta ayer mismo.

Según explicaron en un primer contacto de urgencia desde la prisión de Soto del Real, el trato recibido durante los cinco días en manos de la Guardia Civil ­Soto pasó los últimos tres en la enfermería de la cárcel­ puede calificarse como «muy malo». Por ello, anunciaron su intención de presentar una denuncia por torturas en la que detallaran al juzgado todos los maltratos recibidos.

En ese sentido, Soto y Gorostiaga han referido que fueron golpeados constantemente mientras permanecían envueltos en mantas y que se les ha aplicado la «bolsa». Además, Soto denuncia haber sido castigado con electrodos en testículos, orejas y piernas, donde todavía tendría hematomas, según explicó Askatasuna. Su abogado sí pudo constatar que presentaba un ojo morado y con restos de sangre, y la cara hinchada. Ainara Gorostiaga también manifestó que tenía señales por todo el cuerpo, aunque habían ido desapareciendo durante los últimos días.

Askatasuna había mostrado ya en los días precedentes su convicción de que el periodo de incomunicación se había prolongado al pasar a prisión con la intención de borrar posibles huellas de torturas sufridas en dependencias policiales. Su caso había sido comparado incluso con el de Unai Romano, el joven gasteiztarra que también fue enviado a prisión en situación de incomunicación el pasado mes de setiembre, tras declarar ante el mismo juez de la Audiencia Nacional ­Guillermo Ruiz Polanco­, y que posteriormente relató haber sufrido torturas constantes que hicieron temer incluso a los guardias civiles que padeciera un traumatismo craneoencefálico.

Junto a ello, los dos jóvenes, que declararon ante Ruiz Polanco asistidos por un abogado de oficio, confirmaron a su letrado de confianza que negaron todas las acusaciones dirigidas contra ellos por la Policía, pese a lo cual fueron enviados a prisión.

Sistemática denuncia de torturas

El pasado miércoles, la alarma sobre el estado de Mikel Soto, detenido el domingo por la Guardia Civil, se encendía entre sus allegados al conocer que había sido ingresado, en situación de incomunicación, en la enfermería de prisión tras no encontrarse en condiciones para declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, adonde fue conducido a instancias del médico forense que recomendó su salida inmediata de dependencias policiales. La abogada confirmaba ayer los peores augurios después de poder ver un momento a Soto y a la joven detenida junto con él, Ainara Gorostiaga, y relatar éstos que han sufrido tormento. Según el testimonio de la letrada, la incomunicación prolongada en prisión hasta ayer no ha hecho desaparecer los signos de violencia en sus cuerpos. Esta denuncia se suma a las ya realizadas por otros detenidos en la última operación llevada a cabo por la Guardia Civil en Nafarroa y, en general, a las que se vienen registrando de forma sistemática cada vez que se aplica la «legislación antiterrorista». Ese carácter sistemático fue, precisamente, uno de los aspectos que destacó en su último informe anual, referido a 2001, Torturaren Aurkako Taldea (TAT). A tenor de todos estos testimonios y denuncias, nadie que vea las cosas tal cual son puede sostener que nos encontramos ante sucesos aislados.

Quizá por lo crudo que resulta hacer frente a la verdad de los hechos el silencio más absoluto se está imponiendo en este terreno. La mayor parte de los reponsables políticos e institucionales, así como casi todos los medios de comunicación y muchas asociaciones que se declaran defensoras de los derechos humanos y las libertades, callan ante las reiteradas denuncias de malos tratos infligidos por parte de las fuerzas policiales. Y callan, entre otras cosas, porque reconocer esa realidad violenta mostraría la hipocresía de la posición «ética» por la que se margina y persigue a Batasuna bajo la acusación de que «ampara la violencia».

Un silencio que resulta clamoroso cuando desde instancias internacionales se denuncian año tras año casos de ciudadanos y ciudadanas vascas que han padecido el potro de la tortura. Un silencio ensordecedor cuando esas mismas instancias han determinado que la citada «legislación antiterrorista» y las condiciones de incomunicación e indefensión que ésta propicia favorecen la conculcación de los derechos humanos de los detenidos. *